Montevideana

RÍO NEGRO DANIEL ROJAS
Caterine de 4 años y Lumila de 3 conocen el maltrato desde que nacieron. Vieron cómo a su hermana Andrea Schauman, de 7 años, la "inoperancia" ante las denuncias de los vecinos, la escuela y el CAIF por las golpizas de la madre, le costaron la vida.
La pequeña de 4 años fue testigo de cómo su madre le dio una tremenda golpiza a su hermana, empujándola contra la pared, con tal ferocidad que el cuerpo rebotó y su cabeza terminó pegando sobre la punta de una cama. Caterine se lo contó a una maestra del jardín al que asiste.
Por ese entonces, toda la familia había declarado que lo sucedido se trataba de un accidente en el que Andrea había caído desde un árbol.
Si no fuera porque la jueza de feria tuvo dudas y comenzó una investigación de oficio, este caso de violencia doméstica podría haber pasado como un "accidente" más.
Andrea Schauman ingresó a la emergencia del Hospital Pereira Rossell en la madrugada del 4 de julio. Fue intervenida quirúrgicamente de una fractura de cráneo, pero no pudieron salvarla.
Quizás hoy Andrea pudiera estar viva. Pero como la madre mintió desde un principio, no pudieron atenderla de manera adecuada. El certificado de defunción fue firmado a las 20.50 por el médico intensivista. La Justicia supo después, que tras golpearla brutalmente, la madre esperó entre 3 y 4 horas para llevarla hasta el hospital de Fray Bentos.
Cuando llegó al centro asistencial fraybentino, "la niña ya estaba descompuesta y no podía hablar", confirmó una fuente de la Salud.
Hoy la madre está en la cárcel, procesada por homicidio culposo, y sus dos pequeñas hermanas están en dependencias del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay.
Para el Servicio a las Familias Maltratadas (Serfam) de Río Negro, "otra vez el silencio, la omisión y la indiferencia marcaron presencia entre nosotros y por lo tanto asistimos a las consecuencias".
En un comunicado a la opinión pública, el grupo de trabajo fraybentino lamentó el grave caso de violencia doméstica registrado días atrás: "Detrás de un niño maltratado hay siempre una persona que daña y otra que calla", reflexionó.
Sin embargo, autoridades locales aseguran que las personas, en general, no se animan a denunciar, aunque ésto no fue lo que sucedió con el caso de Andrea.
Maltrato día a día. Los vecinos de Jacarandá y Tala ahora están indignados. Responsabilizan a la Justicia por no responder a sus continuas denuncias.
Ana Capdevila vive enfrente a la casa de la víctima. Presenciaba los maltratos todos los días. Dijo a El País que la situación había sido puesta en conocimiento de las autoridades.
"Cuando hicimos la denuncia todos los vecinos firmamos y vino la policía, pero entonces comenzó a pegarle adentro; igual se escuchaban los gritos", relató. La vecina contó que antes de que se hiciera la denuncia, la madre "le pegaba sin mirar nada. Le pegaba afuera, en la esquina, donde la agarrara. Un día le pegó con una escoba en las piernas y por poco no la mató; hace tres meses le pegó con un cinto y le partió la boca con la hebilla. Estaban todos los nenes mirando", contó.
Capdevila afirmó que "si hubieran visto las piernitas de esa niña era para llorar. Por eso todo el barrio está mal. Fueron muchas las injusticias. Todos los vecinos denunciamos; la policía del menor y la familia vino a mi casa, firmé, declaré, quedaron de citarme y nunca más. Un rato después la niña estaba ahí otra vez", dijo.
"La niñera era quien más estaba con ella y fue quien observó más cosas. También hizo la denuncia en el CAIF, de ahí a la segunda, y no sé qué pasó", aseguró la vecina. Ante la consulta de si faltó decisión de los vecinos a la hora de enfrentar la situación y poder llegar a las últimas consecuencias para prevenir lo que finalmente sucedió, Capdevila señaló: "No es que no se quiso, no pudimos".
Otra señora dijo que había hecho la denuncia en la línea azul y tampoco sucedió nada.
Fuentes judiciales señalaron a El País que en diciembre de 2006, el CAIF pidió que se investigara a la familia. También desde la escuela a la que asistía la pequeña se formularon quejas de maltratos. Andrea iba a estudiar con las huellas y secuelas de los golpes recibidos en su casa, casi a diario. Otra vecina desesperada denunció una vez que el abuelo de la niña la había pateado y éste declaró que la confundió con un perro.
Asado. Al otro día de fallecida la pequeña, en su casa estaban de asado. Cuando se hizo presente la Justicia y la Policía Técnica, en el patio de la precaria vivienda, el abuelo hacía un asado porque, según dijo, "tenía visita". Una fuente policial contó que el abuelo pidió que la investigación se hiciera rápido de modo de no alterar el ánimo de sus huéspedes.
La Dirección de Investigaciones tomó fotografías del lugar e incautó un colchón que tenía rastros de quemadura. Era parte de la investigación que confirmaría antecedentes de violencia hacia las pequeñas.
La jueza Anahí Parada, descartó inmediatamente hipótesis de que la niña se hubiera caído de un árbol, como sostuvieron en un principio cada uno de los integrantes del núcleo familiar.

La cifra
39% es el porcentaje de hogares uruguayos donde niños sufren algún tipo de violencia, según una encuesta de Unicef y Cifra.

Estadísticas que erizan la piel
En 1999 Unicef y la consultora Cifra hicieron una encuesta que concluyó que en el 39% de los hogares uruguayos los niños sufrían algún tipo de violencia.
De ellos, 15% era víctima de violencia física grave, 17% de violencia física leve y el 7% eran objeto de violencia psicológica.
Según una encuesta de la Organización No Gubernamental Arcoiris de 2005, 67% de los adultos de San José, Montevideo y Canelones considera que se justifica pegar a un niño o a un adolescente y 51% cree que es "necesario" darle una palmada o cachetada a un menor.
El sondeo indicó que 32,2% de los 900 encuestados cree que en ninguna situación el pegar es justificado.
Entre quienes sí son partidarios de algún tipo de castigo físico 10% lo aprobó cuando hay desobediencia hacia sus padres, 9,7% cuando saca dinero sin permiso, 9,2% cuando pega a un hermano o a sus progenitores y 8% cuando no estudia.
Un proyecto de ley a estudio del Senado propone prohibir los castigos físicos a menores. También establece que es necesario cambiar las normas vigentes que permiten usar la cachetada para disciplinar a los niños y adolescentes, según publicó El Observador